Columna de Karin Castro Sepúlveda, Administradora pública e investigadora de Creasur

En tiempos de debate sobre qué puntos cambiar y cómo de nuestra Constitución, no se debe olvidar un cambio hacia la descentralización política, administrativa y fiscal del Estado chileno.

Las regiones han sido desplazadas de muchas tomas de decisiones que vienen dirigidas desde un poder central que no comprende la diversidad territorial ni sus necesidades específicas. El estallido social y la pandemia por COVID-19 han vuelto a dejar en evidencia la urgencia de otorgar mayor poder a nivel subnacional.

Sin duda la elección de los/as Gobernadores/as Regionales, enmarcada en la Ley N°21.073 del año 2018 es un hito histórico en la esfera política, que fortalece la democracia regional y que, a pesar de los esfuerzos por aplazar su elección, finalmente se llevará a cabo en abril de 2021.

Sin embargo, no todo es “color de rosa”, el proceso de descentralización no es sólo político, los/as gobernadores/as regionales asumirán con entusiasmo y respaldo de sus votantes con el anhelo de potenciar la región, pero… ¿las atribuciones y competencias serán las mismas?

En un intento por descentralizar en la esfera administrativa, se crea la Ley N° 21.074 de 2018 que entre otras materias destaca el traspaso de competencias a los Gobiernos Regionales.

Dicha ley se caracteriza por: la flexibilidad al atender las necesidades requeridas de cada región, el tiempo en que pudieran necesitar las competencias, y por poseer un sistema bidireccional en que la competencia puede ser planteada desde el nivel central al nivel regional o viceversa.

No obstante, aun así, posee un perfil presidencialista y centralista, puesto que durante el proceso de transferencia de competencias a los Gobiernos Regionales existen diversas limitantes para transferir el poder, como es que la decisión final la posee el Presidente o Presidenta de la República, el cual puede condicionar la entrega de competencias. Además, que el Comité para recomendar la transferencia al Presidente de la República este compuesto por Ministros/as, hace viciar el proceso de transferencia de competencias y seguir dejando a la voluntad del nivel central la iniciativa de descentralizar.

Por otra parte, estas competencias consideran la disponibilidad de recursos económicos y de personal necesario, que lleva a la otra esfera de descentralización, la fiscal, en donde se necesita urgentemente una Ley de Rentas Regionales sin nudos críticos para el desarrollo equitativo de las regiones.

El contexto que estamos viviendo ofrece una gran oportunidad para debatir una mejora en la Constitución sobre un modelo de traspaso de competencias efectivo, dentro de un proceso de descentralización integrado de las tres esferas, donde se fortalezca realmente a las regiones para que el lugar en el que vivimos no defina nuestra estructura de oportunidades.

Columna de Armando Cartes Montory, publicada en Diario de Concepción, 28 de septiembre de 2020.

Es necesario contar con autoridades regionales comprometidas y legitimadas popularmente. Con gobernadores dotados de capacidad de negociación, las regiones podrán desarrollar su potencial, generando acuerdos interregionales y proyectándose internacionalmente.

El 30 de septiembre vence el plazo de inscripción de candidaturas para las primarias para la elección de Gobernadores Regionales. Parece que, finalmente, después de varios intentos fallidos de postergarlas, podremos elegir a la primera autoridad regional. Se cumple con ello una promesa pendiente desde el regreso a la democracia. Se abrirá, así, un nuevo ciclo político en Chile, de autoridades regionales electas, a la vez que concluye una larga tradición de intendencias, que se habrá extendido por 234 años.

En América colonial, las intendencias surgieron como un mecanismo para controlar los territorios y centralizar el gobierno en la monarquía. Fueron parte de una gran reforma modernizadora, que tuvo también efectos inesperados. Contribuyeron a desarrollar las provincias y catalizar una cierta identidad política, que luego fue relevante a la hora de las independencias. No fueron personajes menores. Baste recordar que el primer intendente de Concepción fue el irlandés Ambrosio O’Higgins, luego, Gobernador de Chile y que alcanzaría la alta dignidad de Virrey del Perú. Su hijo Bernardo fue también intendente de esa provincia sureña, en las postrimerías de la Patria Vieja.

Durante la Independencia, las intendencias fueron modificadas e intervenidas, en un intento de concentrar el poder por las diversas Juntas gubernativas y las autoridades centrales. Fue una ley de julio de 1826, de las llamadas leyes federales, la que estableció –fugazmente- la elección popular de los intendentes. La Carta de 1833 suprimiría la posibilidad de este ejercicio democrático, definiendo al intendente como un funcionario de exclusiva confianza del presidente, su representante natural y directo; definición que ha llegado hasta el presente y que, curiosamente, no desaparecerá. Es similar a las expresiones que la ley emplea para definir al Delegado Presidencial: “Será el representante natural e inmediato, en el territorio de su jurisdicción, del presidente de la república y será nombrado y removido libremente por él”.

Son las escasas atribuciones y recursos financieros de que dispondrán los Gobernadores Regionales, en contraste con las facultades administrativas que retendrá el Delegado, uno de los factores de mayor duda en la nueva organización político administrativa territorial que pretende implementarse. Hay una zona gris que traerá indudables dificultades, que intentan prevenirse con una posible “ley corta”. Es la razón que algunos han esgrimido para justificar una nueva postergación de la elección de autoridades regionales.

La crisis que se gatilló en octubre pasado y que nos acompañará, seguramente, por varios años, plantea nuevos desafíos. La elección simultánea de gobernadores y constituyentes amenaza con confundir aún más a una ciudadanía ya demasiado (des)informada. Una nueva dispersión del poder puede ser vista como una amenaza, por un Ejecutivo debilitado. En fin, son muchas las posibilidades que surgen en el cambiante escenario al que asistimos.

Con todas las dudas y vacilaciones, igual me parece que es necesario avanzar. Ya pasó la hora de los diagnósticos y la búsqueda de leyes “perfectas”. Estas sólo pueden surgir de la experiencia y las prácticas políticas. Es necesario contar con autoridades regionales comprometidas y legitimadas popularmente. Con gobernadores dotados de capacidad de negociación, las regiones podrán desarrollar su potencial, generando acuerdos interregionales y proyectándose internacionalmente. Es un camino sinuoso el que debemos transitar, pero necesario; pues sólo con autonomía y equidad territorial Chile podrá alcanzar un desarrollo sostenible y socialmente equilibrado.