Columna de Karin Castro Sepúlveda, Administradora pública e investigadora de Creasur
En tiempos de debate sobre qué puntos cambiar y cómo de nuestra Constitución, no se debe olvidar un cambio hacia la descentralización política, administrativa y fiscal del Estado chileno.
Las regiones han sido desplazadas de muchas tomas de decisiones que vienen dirigidas desde un poder central que no comprende la diversidad territorial ni sus necesidades específicas. El estallido social y la pandemia por COVID-19 han vuelto a dejar en evidencia la urgencia de otorgar mayor poder a nivel subnacional.
Sin duda la elección de los/as Gobernadores/as Regionales, enmarcada en la Ley N°21.073 del año 2018 es un hito histórico en la esfera política, que fortalece la democracia regional y que, a pesar de los esfuerzos por aplazar su elección, finalmente se llevará a cabo en abril de 2021.
Sin embargo, no todo es “color de rosa”, el proceso de descentralización no es sólo político, los/as gobernadores/as regionales asumirán con entusiasmo y respaldo de sus votantes con el anhelo de potenciar la región, pero… ¿las atribuciones y competencias serán las mismas?
En un intento por descentralizar en la esfera administrativa, se crea la Ley N° 21.074 de 2018 que entre otras materias destaca el traspaso de competencias a los Gobiernos Regionales.
Dicha ley se caracteriza por: la flexibilidad al atender las necesidades requeridas de cada región, el tiempo en que pudieran necesitar las competencias, y por poseer un sistema bidireccional en que la competencia puede ser planteada desde el nivel central al nivel regional o viceversa.
No obstante, aun así, posee un perfil presidencialista y centralista, puesto que durante el proceso de transferencia de competencias a los Gobiernos Regionales existen diversas limitantes para transferir el poder, como es que la decisión final la posee el Presidente o Presidenta de la República, el cual puede condicionar la entrega de competencias. Además, que el Comité para recomendar la transferencia al Presidente de la República este compuesto por Ministros/as, hace viciar el proceso de transferencia de competencias y seguir dejando a la voluntad del nivel central la iniciativa de descentralizar.
Por otra parte, estas competencias consideran la disponibilidad de recursos económicos y de personal necesario, que lleva a la otra esfera de descentralización, la fiscal, en donde se necesita urgentemente una Ley de Rentas Regionales sin nudos críticos para el desarrollo equitativo de las regiones.
El contexto que estamos viviendo ofrece una gran oportunidad para debatir una mejora en la Constitución sobre un modelo de traspaso de competencias efectivo, dentro de un proceso de descentralización integrado de las tres esferas, donde se fortalezca realmente a las regiones para que el lugar en el que vivimos no defina nuestra estructura de oportunidades.
