16
Oct, 2020

CREASUR realizó conversatorio sobre desastres, pandemias y gobernanza territoriales resilientes

La actividad desarrollada en el día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastre contó con la presencia del rector de nuestra casa de estudio, destacados expositores nacionales y también de investigadores del programa.

El conversatorio realizado ayer por la plataforma Zoom y compartido en vivo por la fan page de CREASUR, contó con las exposiciones del Dr. Gonzalo Bacigalupe, Patricio Mora, Boris Sáez y Dr. Jenny Moreno, además de Dr. Jeanne Simon como moderadora del encuentro, el rector de la Universidad de Concepción, Dr. Carlos Saavedra y el director del programa, Dr. Esteban Valenzuela.

Abriendo el encuentro, el rector de la Universidad de Concepción, Dr. Carlos Saavedra, reflexionó sobre la importancia de la gestión del riesgo, analizando los eventos producidos de forma natural como también por intervención del humano, ante esto último, el doctor en ciencias exactas mencionó que “el 95% de los incendios son de carácter antropogénico por lo tanto la gestión del riesgo de forma estratégica, contar con herramientas relevantes en términos de geoposicionamiento y sistemas de información geográficos pueden ayudar a tener respuestas rápidas y atender las necesidades de la población” expresó el rector UdeC.

El investigador asociado a CREASUR, Gonzalo Bacigalupe comentó que “para entender el Covid -19, tenemos que entenderlo como una amenaza biológica que se asocia a un desastre (…) El virus es un desastre lento, estamos acostumbrados a los desastres dramáticos como tsunamis, terremotos, aluviones, incendios, inundaciones con distintos niveles de preparación. No se poder al ojo, a simple vista, es como la contaminación del aire y parecido a la crisis climática”

Patricio Mora, arquitecto y co fundador de la fundación Proyecta Memoria y fundación Alto Río recalcó la importancia de recordar las vivencias para tener una mejor capacidad de respuesta ante eventos dramáticos. “Es necesario que las generaciones conozcan la historia y eso es lo que hacemos, bajar el conocimiento científico a las comunidades, a los colegios, a las juntas de vecinos.  En Valdivia nos dimos cuenta de que un 70% de las personas que participaron en un taller no conocían del terremoto de 1960”.

El ingeniero civil, Boris Sáez, creador del Primer Departamento Municipal de Gestión del Riesgo del País, introdujo a la discusión la importancia de la formación en etapa escolar, haciendo énfasis en los docentes y la instalación de la estrategia de gestión del riesgo, pero advierte que si no existe nivel de capacitación será complejo lograr los objetivos. “En Chile, la relación de las personas con los desastres es de eventos traumáticos, por lo que primero lidiamos con un estrés postraumático, lo que no nos permite tener acciones correctivas ni tener mayor vinculación con los actores y sus amenazas. En el proceso escolar hay avances, pero hay una desconexión entre los contenidos y las habilidades para la vida asociada al Riesgo de Desastres”, aclara Sáez.

La resiliencia de los territorios son pieza fundamental que debe ser acompañada por el rol de la Sociedad Civil, el voluntariado y las comunidades. En ese ámbito la Dra. Jenny Moreno, Investigadora Asociada CITRID menciona que “el voluntariado debe ser considerado parte de la gobernanza local del riesgo, se requiere respuestas locales a problemas locales. Se debe comprender que los voluntariados del norte o del sur son diferentes debido al riesgo y se debe concientizar eso. Se requiere intersectorialidad, al mundo académico donde participa la UdeC, otras universidades, municipios, pero también es necesaria la voluntad política”.

8
Oct, 2020

Las claves de un Medellín sostenible para replicar en Concepción

La ciudad colombiana que en la década del 90’ era conocida por la violencia y el narcotráfico, apostó por la transparencia en el uso de recursos públicos, la movilidad e infraestructura como formas de disminuir los altos índices de violencia y mejorar la convivencia.

En la tesis para optar al grado de magíster en política y gobierno UdeC, “Desarrollo urbano social para la convivencia.  Análisis de la política pública de proyectos urbanos integrales en Medellín (2004-2014) aprendizajes para Concepción” realizada por la fonoaudióloga colombiana, María Alexandra Mesa Gallego, pudo determinar que a pesar de las acciones realizadas en las ciudades de Medellín y Concepción, la vivienda, el empleo, la accesibilidad y la seguridad, son hasta hoy las principales preocupaciones de los habitantes de ambas ciudades; y están fuertemente relacionadas con las dimensiones abordadas en su trabajo.

El objetivo de esta investigación fue describir cuáles fueron las intervenciones realizadas en Medellín y su área metropolitana durante el periodo 2004-2014 que les permitieron la transformación social sostenida en su territorio y que pueden ser adaptables para el desarrollo urbano en Concepción y su área metropolitana.

Mesa comenta que una comuna que se organiza pensándola desde los barrios y con un desarrollo integral y sostenible puede mitigar los índices de desigualdad e inseguridad presentes. “La regeneración urbana integrada como la que se realizó en Medellín, para que sea exitosa, debe ir acompañada de cambios en las políticas urbanas, manejar cifras sociales, transparencia a la hora de destinar recursos, educación cívica permanente y paritaria y mayor participación en todas las fases de los proyectos y herramientas de integración”, expresa la investigadora de CREASUR.

La paisa, que lleva residiendo en Chile hace más de 15 años, hace hincapié en que “ningún modelo por más eficiente que haya resultado ser en un contexto específico, debe ser copiado y ejecutado tal cual, en otro lugar. Se debe tener en cuenta los aspectos propios de cada sociedad y sus realidades sin tratar de reproducirlos sin ninguna modificación o ajuste”.

La docente de la Universidad Santo Tomás manifiesta que “La Metodología del Urbanismo Social que se aplicó en mi tierra natal, tiene ciertas similitudes a la utilizada en otros proyectos realizados en Chile. Sin embargo, uno de los elementes novedosos que tiene esta metodología, y la diferencia principal de la implementada acá; es la inclusión de la comunidad en todas sus fases (diagnostico, planificación, ejecución) y que en Chile, por la excesiva centralización de las políticas públicas, ha hecho que esto sea poco valorado, por lo cual, se ha generado poco impacto en las comunidades.”

En la investigación se resalta la importancia de la generación de proyectos alineados en diferentes administraciones, con una visión global, además del empoderamiento regional autónomo (recursos, capacidad empresarial, etc.), así como el desarrollo social comunitario, el que puede mejorar la convivencia e identidad. En Concepción, se podría convertir la vivienda y el barrio en factor de desarrollo, integración y cohesión social, la ciudad como centro en la consolidación de una plataforma metropolitana y regional mucho más competitiva y con mayores oportunidades para todos, respetando el equilibro ambiental.

Finalmente, la magnitud del crecimiento urbano en las próximas décadas, especialmente en nuestros países será enorme, y si las autoridades de nuestras ciudades optan por no tomar decisiones en lo mencionado en esta entrevista, las ciudades perderán una oportunidad única de crecer y desarrollarse de forma sostenible.

8
Oct, 2020

La oportunidad municipal y regional en el proceso constituyente

Columna Cristian Quiroz Reyes, Administrador Público y Cientista Político

No sabemos cuándo terminará la pandemia, pero si sabemos que nuestra sociedad y territorios serán distintos. En efecto, la pobreza, el desempleo y la desigualdad marcarán los próximos años y representarán un exigente desafío en la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas, esto considerando variables que a veces se obvian, como por ejemplo: el ámbito territorial, relevando lo subnacional (comunal, provincial o regional); la gobernanza multiactor, entendiendo las multiciplicidad de actores políticos e instituciones públicas, privadas productivas, universidades y organizaciones sociales que deben participar y pactar para el desarrollo sustentable y el crecimiento justo; la internacionalización, donde la globalización demanda una activa colaboración también local y no sólo el enfoque central tradicional; el gobierno abierto y la transparencia, con información relevante accesible, mejorando precisamente el acceso remoto y la conectividad, particularmente tras las lecciones que la pandemia nos ha dejado.

La gestión pública durante el estallido social y luego en el contexto de Covid-19 mostró en ocasiones una desconexión entre los intereses comunales expresados por los alcaldes y alcaldesas y la priorización y toma de decisiones del nivel central. En ese proceso los intendentes, de acuerdo al actual mandato legal, no pudieron asumir la representación y por tanto el liderazgo del territorio (con las exepciones de Bio Bio y Magallanes) debilitándose su rol, aún más con los recortes presupuestarios de que fueron objeto recientemente los gobiernos regionales.

Durante la pandemia, la postura del gobierno frente a las acciones de las autoridades locales ha tenido un carácter confrontacional y de resistencia a la colaboración, produciendo un desgaste en un ambiente que requiere de cooperación para superar esta crisis. Es por ello que la próxima elección municipal y, especialmente la elección de gobernadores/as regionales generan una oportunidad para una relación más colaborativa y efectiva, aun más en el contexto de cambio constitucional.

En efecto, el proceso constituyente en marcha es un espacio propicio para la innovación político-administrativa de la descentralización, entendida como un proceso que debe considerar los intereses territoriales. En este sentido, además de la apertura a rentas regionales y a autonomías presupuestarias para los gobiernos regionales, será necesaria la generación de instancias formales y legales de coordinación entre el Gobernador Regional y el Delegado Presidencial, que involucren al gabinete regional, esto es el trabajo coordinado con los secretarios regionales ministeriales y directores regionales de servicios públicos. En este plano, el liderazgo y experiencia de quienes asuman como gobernadores regionales será fundamental, como así también la disposición del Estado central para contribuir efectivamente con el proceso descentralizador.

La colaboración y cooperación entre ambas autoridades, Gobernador y Delegado, incorporando en esta relación formal a los alcaldes y ministerios, será clave y virtuosa como contraposición a una relación de entorpecimiento de la gestión de uno u otro.

Este proceso tiene una oportunidad adicional para las comunidades regionales y una responsabilidad legal para las candidatas y candidatos: la obligación de proponer un programa de trabajo que de sustento a una mirada de futuro. En ese desafío las universidades con vocación pública y compromiso regional están preparadas para apoyar técnicamente este mandato, para que la descentralización efectiva pueda contribuir también en el nuevo pacto político y social que se expresará en la próxima Constitución.

7
Oct, 2020

Invitación al II Congreso de Desarrollo Territorial. Modalidad Virtual

El director del programa, el Dr. Esteban Valenzuela y el investigador adjunto, Dr© Cristian Quiroz Reyes, participarán en el II Congreso Internacional de Desarrollo Territorial con su ponencia “Conflicto Territorial y la Opción Federal. Rentas Regionales y Plurinacionalidad en Chile”.
Este jueves 08 de octubre, a las 15.00 hrs
Transmisión Canal de YouTube PRAXIS Instituto de Investigaciones.
Organizan: Maestria Desarrollo Territorial, #PRAXIS y UTN Rafaela

2
Oct, 2020

“El momento de las regiones”

Columna de Karin Castro Sepúlveda, Administradora pública e investigadora de Creasur

En tiempos de debate sobre qué puntos cambiar y cómo de nuestra Constitución, no se debe olvidar un cambio hacia la descentralización política, administrativa y fiscal del Estado chileno.

Las regiones han sido desplazadas de muchas tomas de decisiones que vienen dirigidas desde un poder central que no comprende la diversidad territorial ni sus necesidades específicas. El estallido social y la pandemia por COVID-19 han vuelto a dejar en evidencia la urgencia de otorgar mayor poder a nivel subnacional.

Sin duda la elección de los/as Gobernadores/as Regionales, enmarcada en la Ley N°21.073 del año 2018 es un hito histórico en la esfera política, que fortalece la democracia regional y que, a pesar de los esfuerzos por aplazar su elección, finalmente se llevará a cabo en abril de 2021.

Sin embargo, no todo es “color de rosa”, el proceso de descentralización no es sólo político, los/as gobernadores/as regionales asumirán con entusiasmo y respaldo de sus votantes con el anhelo de potenciar la región, pero… ¿las atribuciones y competencias serán las mismas?

En un intento por descentralizar en la esfera administrativa, se crea la Ley N° 21.074 de 2018 que entre otras materias destaca el traspaso de competencias a los Gobiernos Regionales.

Dicha ley se caracteriza por: la flexibilidad al atender las necesidades requeridas de cada región, el tiempo en que pudieran necesitar las competencias, y por poseer un sistema bidireccional en que la competencia puede ser planteada desde el nivel central al nivel regional o viceversa.

No obstante, aun así, posee un perfil presidencialista y centralista, puesto que durante el proceso de transferencia de competencias a los Gobiernos Regionales existen diversas limitantes para transferir el poder, como es que la decisión final la posee el Presidente o Presidenta de la República, el cual puede condicionar la entrega de competencias. Además, que el Comité para recomendar la transferencia al Presidente de la República este compuesto por Ministros/as, hace viciar el proceso de transferencia de competencias y seguir dejando a la voluntad del nivel central la iniciativa de descentralizar.

Por otra parte, estas competencias consideran la disponibilidad de recursos económicos y de personal necesario, que lleva a la otra esfera de descentralización, la fiscal, en donde se necesita urgentemente una Ley de Rentas Regionales sin nudos críticos para el desarrollo equitativo de las regiones.

El contexto que estamos viviendo ofrece una gran oportunidad para debatir una mejora en la Constitución sobre un modelo de traspaso de competencias efectivo, dentro de un proceso de descentralización integrado de las tres esferas, donde se fortalezca realmente a las regiones para que el lugar en el que vivimos no defina nuestra estructura de oportunidades.

28
Sep, 2020

Gobernadores Regionales: ¡Llegó la hora!

Columna de Armando Cartes Montory, publicada en Diario de Concepción, 28 de septiembre de 2020.

Es necesario contar con autoridades regionales comprometidas y legitimadas popularmente. Con gobernadores dotados de capacidad de negociación, las regiones podrán desarrollar su potencial, generando acuerdos interregionales y proyectándose internacionalmente.

El 30 de septiembre vence el plazo de inscripción de candidaturas para las primarias para la elección de Gobernadores Regionales. Parece que, finalmente, después de varios intentos fallidos de postergarlas, podremos elegir a la primera autoridad regional. Se cumple con ello una promesa pendiente desde el regreso a la democracia. Se abrirá, así, un nuevo ciclo político en Chile, de autoridades regionales electas, a la vez que concluye una larga tradición de intendencias, que se habrá extendido por 234 años.

En América colonial, las intendencias surgieron como un mecanismo para controlar los territorios y centralizar el gobierno en la monarquía. Fueron parte de una gran reforma modernizadora, que tuvo también efectos inesperados. Contribuyeron a desarrollar las provincias y catalizar una cierta identidad política, que luego fue relevante a la hora de las independencias. No fueron personajes menores. Baste recordar que el primer intendente de Concepción fue el irlandés Ambrosio O’Higgins, luego, Gobernador de Chile y que alcanzaría la alta dignidad de Virrey del Perú. Su hijo Bernardo fue también intendente de esa provincia sureña, en las postrimerías de la Patria Vieja.

Durante la Independencia, las intendencias fueron modificadas e intervenidas, en un intento de concentrar el poder por las diversas Juntas gubernativas y las autoridades centrales. Fue una ley de julio de 1826, de las llamadas leyes federales, la que estableció –fugazmente- la elección popular de los intendentes. La Carta de 1833 suprimiría la posibilidad de este ejercicio democrático, definiendo al intendente como un funcionario de exclusiva confianza del presidente, su representante natural y directo; definición que ha llegado hasta el presente y que, curiosamente, no desaparecerá. Es similar a las expresiones que la ley emplea para definir al Delegado Presidencial: “Será el representante natural e inmediato, en el territorio de su jurisdicción, del presidente de la república y será nombrado y removido libremente por él”.

Son las escasas atribuciones y recursos financieros de que dispondrán los Gobernadores Regionales, en contraste con las facultades administrativas que retendrá el Delegado, uno de los factores de mayor duda en la nueva organización político administrativa territorial que pretende implementarse. Hay una zona gris que traerá indudables dificultades, que intentan prevenirse con una posible “ley corta”. Es la razón que algunos han esgrimido para justificar una nueva postergación de la elección de autoridades regionales.

La crisis que se gatilló en octubre pasado y que nos acompañará, seguramente, por varios años, plantea nuevos desafíos. La elección simultánea de gobernadores y constituyentes amenaza con confundir aún más a una ciudadanía ya demasiado (des)informada. Una nueva dispersión del poder puede ser vista como una amenaza, por un Ejecutivo debilitado. En fin, son muchas las posibilidades que surgen en el cambiante escenario al que asistimos.

Con todas las dudas y vacilaciones, igual me parece que es necesario avanzar. Ya pasó la hora de los diagnósticos y la búsqueda de leyes “perfectas”. Estas sólo pueden surgir de la experiencia y las prácticas políticas. Es necesario contar con autoridades regionales comprometidas y legitimadas popularmente. Con gobernadores dotados de capacidad de negociación, las regiones podrán desarrollar su potencial, generando acuerdos interregionales y proyectándose internacionalmente. Es un camino sinuoso el que debemos transitar, pero necesario; pues sólo con autonomía y equidad territorial Chile podrá alcanzar un desarrollo sostenible y socialmente equilibrado.

3
Sep, 2020

Llamado a Dossier: DESCENTRALIZACIÓN, PODER TERRITORIAL E INTERGUBERNAMENTALIDAD EN CHILE CONSTITUYENTE POSTPANDEMIA

En el marco de las sustanciales modificaciones al orden constitucional en que se verá enfrentado el país en los próximos meses, un ámbito de relevancia corresponde a las posibilidades de reorganización del poder público y del gobierno interior de la nación. Junto a las iniciativas de reforma contemplada en la ley 20.090, de 2017, que, entre otros asuntos, considera el reemplazo de la actual autoridad política regional (Intendentes) por las figuras del Gobernador Regional ( de elección popular ) y del Delegado Presidencial (nombrado por el Ejecutivo), no son pocas las voces que aspiran tanto al perfeccionamiento de esta normativa, como a la introducción de diversas otras modificaciones que hagan más eficiente y democrática la función de estructuras de gestión y autoridades en los distintos niveles subnacionales. Las tensiones por recursos para las reformas sociales y las brechas de inequidad territoriales se harán sentir en el proceso constituyente. De esta manera, entre otros puntos, se hará más notoria la pugna de los municipios con el Estado central; se acusará la anómala instalación de los gobernadores electos durante el 2021; se pondrán en evidencia las tensiones por traspasos de competencias sin aprobación de ley rentas regionales, además de la continuidad del largo conflicto del pueblo mapuche con el Estado y las forestales.

A este respecto, revista Territorios y Regionalismos convoca a especialistas, académicos/as, gestores, ONGs, dirigentes sociales, y demás expresiones de la comunidad organizada a exponer por escrito -mediante artículos y / o ensayos críticos- el conjunto de visiones, experiencias, apreciaciones y propuestas que enriquezcan el debate público sobre estas materias y aporten a la necesaria reflexión y resolución en torno a mecanismos y modelos de ordenamiento político institucional que deberían hacerse presentes en los debates sobre administración interior, participación, descentralización, gestión financiera y políticas de desarrollo transversal en todas las áreas y regiones del país.

Normas de presentación de trabajos:

  • Las contribuciones deben ser originales e inéditas. Esto significa que no deben haberse publicado ni, tampoco, encontrarse en vías de publicarse, en cualquier medio, sea impreso o electrónico (revistas, libros, sitios web).
  • Una vez recibida, cada contribución será sometida a un proceso de revisión/evaluación en dos fases. En la primera, el equipo editorial de RTR establecerá la adecuación y la pertinencia del aporte. En la segunda, la contribución será evaluada por pares académicos (doble ciego). El primer proceso no tomará más de diez días, en tanto que los resultados del segundo se informarán dentro de los 45 días hábiles subsiguientes.
  • Las presentaciones al Dossier deben prepararse de acuerdo con las siguientes pautas:
  • Formato carta
  • Márgenes de 2,5 cms. en todos los costados
  • Interlineado sencillo y sin sangrías de ninguna clase
  • Fuente Times New Roman 12 para el cuerpo del texto
  • Fuente Times New Roman 10 para las notas al pie.
  • Título y subtítulos: Título principal centrado, en negrita y en fuente Times New Roman 16. Se recomienda que el título principal no posea más de dieciséis palabras. Después del título debe dejarse una línea vacía.
  • Subtítulos de nivel 1, alineados a la izquierda, sin numerar, en negrita, en fuente Times New Roman 12. Antes y después de cada subtítulo de nivel 1 debe dejarse una línea vacía.
  • Subtítulos de nivel 2, alineados a la izquierda, sin numerar, en itálica, en fuente Times New Roman 10. Antes y después de cada subtítulo de nivel 2 debe dejarse una línea vacía.
  • Negritas e itálicas: Debe evitarse el uso de negritas e itálicas en el cuerpo del texto. El uso de itálicas debe reservarse para destacar locuciones en lenguas distintas a la de la contribución.
  • Extensión: Artículos: un mínimo de 5.000 palabras, un máximo de 8.000 (incluyendo las notas al pie y las referencias bibliográficas). Ensayos críticos, un máximo de 10.000 palabras
  • Citas: Con respecto a la citación y a otras entradas paratextuales, se debe utilizar la normativa APA. Para ejemplos y modos de uso, ver https://normasapa.com/normas-apa-2019-cuestiones-mas-frecuentes/
  • Todos los artículos, ensayos críticos deben acompañarse de un resumen de no más de 200 palabras, así como de entre tres y cinco palabras clave. 
  • Autor/as/es: filiación, jerarquía: Todas las contribuciones deben acompañarse de los siguientes datos del/a autor/a: nacionalidad, máximo título académico y principal adscripción institucional. En el caso de que haya más de un/a autor/a, los datos deben especificarse para cada una/o, respetando el orden que va del autor principal a los secundarios. Es de la mayor importancia no confundir la figura autoral con las de posibles colaboradores o asistentes (véase Ética y buenas prácticas). Estos datos se presentarán en hoja aparte, al inicio de cada contribución.

Cierre de recepción de trabajos: 30 octubre 2020

Consultas y envíos a: rtr@udec.cl

RTR indexada en:

Programa Convergencias Regionalistas de Estudios Aplicados del Sur, CREA SUR.

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Universidad de Concepción

Barrio Universitario s/n.

Concepción, Chile.

Fono: (56) 41 220 4549

www.revistasacademicas.udec.cl/index.php/rtr

28
Ago, 2020

A esta hora se improvisa

Gonzalo Bacigalupe, Profesor U. de Massachusetts Boston – Investigador Asociado CreaSur, U. de Concepción.

Publicado en El Mercurio, 20 de agosto de 2020.

“El desconfinamiento requiere recuperar la credibilidad, confianza y la participación ciudadana”.

Gran parte del país pronosticó que el virus tendría una vida relativamente breve. Que remecería al país como lo hacen los terremotos y temblores. Ni el gobierno ni el resto de la élite político-económica se prepararon para prevenir y mitigar el impacto. Una catástrofe derivada de un virus, capaz de alterar tan profundamente el curso de nuestras vidas, no estaba presente en el discurso o en la institucionalidad. 

Para los salubristas, y los que estudiamos la gobernanza del riesgo de desastres, el destructivo impacto de la pandemia nos parece el lógico resultado de nuestra falta de preparación y frágil resiliencia frente a una amenaza sepultada en libros de historia de Chile del siglo pasado. No construimos cimientos profundos para la pandemia, como sí lo hicimos al construir infraestructura resistente a los movimientos telúricos.

El gobierno, desde un principio, asumió el virus como un desafío puramente hospitalario y una carrera por reforzar la capacidad para asistir a la mayor cantidad de personas contagiadas.Pero la estrategia más utilizada durante toda la pandemia ha sido la improvisación. Incluso ahora, el plan de desconfinamiento a todas luces es improvisado, riesgoso y poco cauteloso.

Hace tres meses, cuando propuse partir de cero para evitar la catástrofe, y muchos científicos y expertos ofrecían soluciones que apuntaban a romper con la cadena de contagio (con énfasis en la prevención y mitigación), la reacción del gobierno fue de un rechazo defensivo. Dos semanas más tarde, el ministro de Salud renunció. El gobierno, sin embargo, no ha cambiado a una estrategia que apunte a un radical corte de los contagios diarios. 

Las personas están exhaustas en un confinamiento que no ha sido efectivo, a pesar del gran costo económico, social, emocional y familiar que tiene. No se puede seguir improvisando. Tampoco se puede gestionar del modo hermético y autoritario la pandemia, donde la ciudadanía es foco siempre de una fiscalización más dura.

El desconfinamiento requiere recuperar la credibilidad, confianza y la participación ciudadana. Es esencial la colaboración de las comunidades y los territorios en el diseño, implementación y evaluación de las medidas. Para ello se requiere empoderar y coordinar a los gobiernos locales. 

Si no somos capaces de modificar la estrategia, el gobierno está generando las condiciones para tener que decidir si el proceso constituyente necesita ser aplazado otra vez. La improvisación seguirá enfermando, matando y reconfinando a las personas. La herida que eso produce no se resuelve con más respiradores. La ciudadanía se merece mucho más que decisiones tomadas para unos días o un par de semanas. Estamos en un momento crítico y necesitamos un plebiscito seguro, aun cuando la pandemia no esté completamente controlada. Hace tres meses llamé a pensar en la primavera.