María José Benavente, investigadora Creasur. Publicada en El Mostrador, 03 de junio de 2020
No existe fórmula perfecta que avale un sistema electoral por sobre otro en democracia. Todos, con defectos y virtudes, deben someterse al clima político reinante de la sociedad y, por sobre todo, a los deseos de la ciudadanía. Como no habituamos en nuestro país aplicar un sistema de participación ciudadana que contribuya al debate nacional y parlamentario, nos queda preguntarnos entonces: ¿cómo podemos refutar a algunas figuras políticas que hablan sobre las dificultades de la limitación parlamentaria?
Pues, si bien es cierto que unas de las consecuencias negativas de la rotación parlamentaria podría ser, por ejemplo, aumentar el nepotismo, es decir, que las redes de poder intenten sobrevivir pese a que la reelección no esté permitida, o producir un detrimento en la calidad legislativa por una intermitencia en el trabajo parlamentario, esto, sostengo, no alcanza para justificar la reelección indefinida de la cual gozan nuestras autoridades elegidas popularmente.
¿Es legítimo incluir una norma en el actual proyecto de ley que especifique que el actual proyecto no rija a los parlamentarios en ejercicio? Esto podría ocurrir en Comisión Mixta, pero sería un error gigantesco y una falta de ética grotesca por parte de los parlamentarios, sobre todo si la aprobación del Congreso, según la opinión pública, no alcanza en algunas ocasiones a superar el 3% de confianza.
Hablemos de las bondades de la reelección indefinida, del trabajo legislativo y de la libertad de la ciudadanía para elegir a sus parlamentarios cuantas veces quieran, pero en un contexto de legitimidad política y no en el clima actual, con una ingobernabilidad latente y un descontento social que ya nadie con un mínimo de sentido común podría refutar.
Las esperanzas deben estar puestas en el tercer trámite legislativo y esperar que en la Comisión Mixta no se adhiera ninguna norma específica de excepción que establezca de manera clara una aplicación diferida en el tiempo de esta ley. Esperemos que los parlamentarios no intenten volver a buscar los ajustes para defender sus intereses, tal como lo han hecho con la dieta.
Una vez aprobado el proyecto de ley con las modificaciones que recientemente ha hecho el Senado y sin norma específica que establezca que se aplicará de forma diferente a los parlamentarios en ejercicio, ninguno de los senadores que tengan cumplida más de una reelección y los diputados, alcaldes y concejales que tengan más de dos reelecciones, podrían volver a postular el año 2021 y 2022.
Se podría apelar en un futuro, de cara a la posibilidad de una nueva Constitución, incluir mecanismos de participación ciudadana, donde cada persona pueda manifestar su opinión y decidir al respecto, sobre todo en las instancias en que los parlamentarios deben legislar para ellos mismos.
Por Cristian Quiroz Reyes, publicada en El Mostrador, 15 de mayo de 2020
Chile es un país desigual. Lo han afirmado diferentes actores y en diferentes épocas, el estallido social de octubre del 2019 lo ratificó con absoluta nitidez, por lo que no fue de extrañar que una de las demandas altamente compartida por la opinión pública fuera precisamente uno de los símbolos de la desigualdad: la excesiva diferencia entre las dietas parlamentarias y el promedio salarial chileno. En efecto, no resulta aceptable ni comprensible que los congresistas chilenos sean los mejores pagados en Latinoamérica (CLAPES UC, 2018) e inclusive cuando la Unión Inter Parlamentaria Mundial realizó su estudio del año 2013 sobre montos de las dietas parlamentarias (donde se verificó la información de 128 cámaras de 96 parlamentos) estableció que el promedio de ingresos mensuales de una dieta parlamentaria para los citados legisladores correspondía al 21% de la dieta de los legisladores chilenos, o sea, la dieta de un parlamentario en Chile supera en 4,7 veces al promedio mundial (PNUD, 2016).
Durante el primer trámite de este año la Cámara de Diputados propuso una rebaja inmediata de un 50% para las altas remuneraciones del Estado (Presidente, congresistas, ministros, intendentes, gobernadores, entre otros), no obstante la propuesta no fue acogida y en días recientes una comisión mixta integrada por diputados y senadores propuso trasladar la discusión sobre el monto de las citadas altas remuneraciones y dietas desde el congreso nacional al Consejo de Alta Dirección Pública (CADP) del Servicio Civil. Finalmente, el senado ratificó la iniciativa de la comisión mixta para que el CADP determine _en un plazo de treinta días desde el despacho de la norma_ el monto de la dieta de los parlamentarios de nuestro país y el salario de ministros y ministras, en tanto tendrá 90 días para proponer la remuneración del presidente y otros altos funcionarios.
Es curioso que los parlamentarios renuncien al debate político y que en una decisión también política, que dicho sea de paso, lleva seis años discutiéndose en el congreso no haya existido voluntad para resolverla y se traslade a otro organismo, que aparentemente tendría ciertas dificultades o conflictos de intereses para asumir la nueva tarea encomendada. Primero, el propio presidente del Consejo de la ADP y director del Servicio Civil argumentó el 24 de enero pasado (en comisión del senado) que en promedio, los directivos de primer nivel jerárquico reciben una remuneración de 7,2 millones de pesos brutos y que existen 21 casos en que las remuneraciones fluctúan entre los 8,5 y 9 millones de pesos, por lo que el precedente de rebajar dietas tendría efectos en la nivelación de las remuneraciones de dichos directivos, pudiendo provocar una fuga de personal calificado”. Por de pronto el propio director del Servicio Civil (según información de transparencia de la DNSC) percibió una remuneración bruta de $6.305.774.- en el mes de febrero de 2020 y de $9.826.985.- en el mes de marzo de este año, probablemente producto de alguna asignación de carácter trimestral. Vale decir, la propia remuneración de dicho funcionario se podría ver afectada proporcionalmente por la rebaja en la dieta y especialmente por el porcentaje de su sueldo respecto del que se fije para los ministros de Estado.
Segundo, algunos han querido hacernos creer que el Consejo de ADP es un organismo sólo técnico, con total prescindencia política, casi celestial y que estaría por sobre le bien y el mal. Y ese es un error. En efecto el presidente del consejo es un funcionario de exclusiva confianza del Presidente de la República y designado por éste sin concurso ni selección técnica. Mientras que los consejeros y consejeras son propuestos por el presidente de la República con acuerdo del senado, vale decir también tienen una generación política. De los cuatro miembros actuales del Consejo de alta dirección pública, uno es militante de RN y ex subsecretario de pesca del actual gobierno, una militante DC, una directiva del Instituto Libertad y Desarrollo (vinculado a la derecha), en tanto el presidente del consejo y director del Servicio Civil fue subdirector en el mismo organismo en el anterior gobierno de Sebastián Piñera. Es probable que cada uno de ellos tenga méritos profesionales y la consistencia curricular para integrar el consejo, pero ello no garantiza que no existirá prescindencia partidista e injerencia de parlamentarios y del propio gobierno al momento de proponer el modelo de dietas.
Sobre la base de lo anterior y tratándose de una decisión tomada, resulta indispensable un activo control ciudadano y de los medios de comunicación sobre el proceso de determinación de remuneraciones de altas autoridades y de las dietas parlamentarias, recomendándose también evaluar las asignaciones (distintas a la dieta) que perciben los parlamentarios y que también es significativamente superior a los ítems que reciben para su labor los parlamentarios de otros países. Por ejemplo no resulta lógico igual monto de asignaciones para el ejercicio del cargo sin considerar número de habitantes de una circunscripción o distrito, o la distancia entre la zona que se representa y Valparaíso; o las distancias dentro de la misma circunscripción.
La legitimidad y aprobación de nuestros parlamentarios no pasa sólo por la rebaja de sus dietas, sino también por sus formas de trabajo, la cantidad y oportunidad del mismo, además de la transparencia, pero por sobre todo por la equidad y contribución concreta que puedan realizar para disminuir los escandalosos niveles de desigualdad enclavados en Chile.
Opinión: Esteban Valenzuela, publicado en El Mostrador, 06 de marzo de 2020.
En las revoluciones cae de manera drástica el grupo de poder y es reemplazado por otro. En las democracias avanzadas el conflicto lleva a grandes pactos “sinceros”. Así se construyó en la historia, con la transformación de las oligarquías y poder absolutos gobernantes, desde la Carta Magna de derechos en Inglaterra el 1215. Si no hay pacto y negociación directa o mediada por actores nacionales o internacionales, crece la violencia imparable.
Los modelos que generan alto malestar, sobreviven por represión dura o blanda de autócratas y grupos económicos que ganan tiempo cooptando a opositores y generando reglas de inamovilidad de los sistemas. El camino a la democracia integral con Estado de derecho y bienestar va por la senda de la transformación por tres caminos, con factores que se logran integrar:
a) Mejoras continuas: que son arreglos en línea con la teoría funcionalista de la estabilidad de los sistemas, en la medida que se hacen cargo del “feedback” social, con capacidad de leer las encuestas, monitoreo de servicios, asumir la desafección y morigerar la marginalización de sujetos colectivos, sin “abandonar” los logros del modelo. Esto ocurre en sistemas socialistas (Cuba defiende sus derechos sociales en la “transición” hacia mayor inversión privada) y en capitalistas que crecen (fomento del comercio, banco central autónomo), pero deben hacerse cargo del malestar y prevenir la ruptura haciendo “parte” sin engañarse que lleva al camino de la represión, la cooptación o la omisión lesiva.
La Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) y la Fundación Bertelsmann crearon un índice de transformación de 130 países, donde es clave esta flexibilidad o apertura del poder a no cerrar puertas a cambios, por tanto, la formas de gobernanza son el foco de este sistema de medición. Se repite la palabra “sensibilidad” que se traduce al inglés como responsiveness. Tener sensibilidad es ser responsables. El Banco Mundial y el FMI tuvieron modelos insensibles cuando sobreajustaron países generando graves crisis, lo que les llevó a condicionar préstamos para paliar costos de servicios con subsidios y para contar con fondos efectivos para superar la extrema pobreza, el hambre y el acceso a agua potable.
Un caso de “sensibilidad” con los más pobres en Chile fueron las políticas sociales en la transición democrática que lograron disminuir la extrema pobreza, pero fueron “insensibles” en la calidad de la vivienda social. En Bolivia la privatización del agua fue insensible con la realidad sociocultural de los aymaras de El Alto y estalló la rebeldía social. En USA, los demócratas exitosos en las grandes ciudades globales, pero perdieron “sensibilidad” con el mundo rural rezagado y zonas antaño industriales con alto desempleo. Allí ganó Trump.
Las mejoras continuas en América Latina se han vinculado a las políticas públicas que mejoran un modelo de economía primario-exportadora, políticas que han sido útiles para ampliar servicios básicos y coberturas de salud y educación, buscando lo que llaman steering capability, que se puede traducir como direccionamiento eficaz o sustentable con buena focalización. Lula y el PT en Brasil focalizaron bien con el programa “Hambre Cero” que sacó a millones de la miseria, pero no pusieron foco en la corrupción y la inseguridad que permitieron el triunfo de Bolsonaro.
La idea del direccionamiento viene de la mecánica y también alude a controlar la fuerza o se desbocan. Si hago solo redes asistenciales no genero emprendimiento y transformación productiva. En Chile, al revés, hubo alto subsidio a la industria forestal desde la dictadura y a los grandes agricultores de palta y otras especies que con apoyo estatal devastan cerros para megacultivos que aportan a secar cuencas y empobrecen comunidades, porque además no aportan a rentas territoriales.
Estas políticas son parte de un “modelo privatista” que en ciertas áreas –exportaciones, ampliación de servicios telefónicos, por ejemplo– ha tenido resultados, pero en otros tiene una ideología dogmática que está custodiada por la Constitución neoliberal y la trama del duopolio político empresarial: agua privatizada, baja tributación empresarial, centralismo que impide autonomías territoriales relevantes. Aquí no sirven las meras mejoras morigeradas.
b) Reformas sustanciales: reforma es una palabra polisémica que alude a mejoras pero también a “rehacer” algo, como fue el intento desarrollista de industrialización en América Latina impulsado hacia 1940 por actores diversos como el radical Pedro Aguirre Cerda en Chile, Getulio Vargas en Brasil, Raúl Prebisch y Perón en Argentina. Lo mismo ocurrió con la siempre vetada reforma agraria que incluso Kennedy y la Alianza para el Progreso promovieron en los 1960 en el continente, para dinamizar las economías feudales y enfrentar la propagación de la revolución cubana, con resultados en Perú (Velasco), Chile (Frei y Allende), siempre resistida en los países con mayor desigualdad (Centroamérica, Brasil, Colombia). Reforma es la boliviana que recuperó primacía en los recursos naturales con altos royalties que permitieron, con Evo Morales, duplicar el tamaño del Estado y activar la inversión social e infraestructural.
Reforma es lo alcanzado en Chile por el ciclo de movilizaciones estudiantiles 2007-2013, que lograron hacer avanzar en gratuidad en la educación superior, como lo plantea Sanders en el caso norteamericano. Reforma es la resistida decisión de Macron en Francia de ir a un sistema único de previsión social sin privilegios de uniformados y de grupos de interés, para así dar sustentabilidad al Estado de Bienestar construido en la posguerra,
En la rebelión chilena de octubre del 2019 el poder político y económico no escuchó el sobreendeudamiento, los altos costos de transporte, la rabia de las bajas pensiones. No tuvo “sensibilidad” en el lenguaje de ministros de Piñera, pero tampoco escuchó la elite protestas desde los gobiernos de Frei, Lagos y Bachelet, así como acuerdos de comisiones presidenciales en cuestiones básicas: terminar privilegios militares, moderar salarios, hacer sistema mixto de pensiones, aprobar una ley de rentas regionales, apurar una autoridad pública con forma de multiactor responsable del agua sin especuladores, crear mecanismos de democracia directa efectivos, reconocer la plurinacionalidad y devolver autonomía a los pueblos indígenas. Todos, problemas que son combustible del conflicto y que requieren ir más allá de las mejoras.
c) Las “revoluciones”: la palabra se refiere a cambios bruscos, giros históricos, cambio de rumbo estructural, reorganización del poder económico y político. En Chile se popularizó la idea de que hubo tres revoluciones refundacionales : en “libertad” con Frei, socialismo a la chilena con Allende y la neoliberal de Pinochet. Esta mirada de cambio global se ha dado en la historia –casos evidentes como la francesa de 1789, la rusa del 1917, la cubana de 1959 o la iraní de 1979–, pero también ocurre cuando un país hace virajes drásticos en ciertas dimensiones de su modelo político y económico.
Así se habla de la revolución educacional de Islandia, la revolución verde de Costa Rica al apostar al ecoturismo, en parte de la revolución energética en Chile que va transitando rápido a las energías renovables desde la reforma que creó el Ministerio del Medio Ambiente, la agencia de eficiencia energética y sobre todo los megaincentivos tributarios a las mismas. La verdad es que fue inspirada y asesorada desde los logros de una reforma radical en Alemania hacia 1998, en que los socialdemócratas se allanaron a gobernar con los Verdes, generándose un viraje estructural que ha significado dos décadas de crecer con moderación y bajar el gasto energético.
Por tanto, la palabra revolución es también integradora y plausible de cambio de rumbos. El Partido Comunista chino se allanó en 1978 a la inversión privada y su revolución tuvo a su vez una revolución que le permitió sacar a 500 millones de personas de la pobreza, pero que hoy cruje a la espera de su revolución democrática y ambiental.
Diversas voces imploran a América latina pasar del Estado clientelar corrupto, cooptado por empresarios primario-exportadores, a un modelo de mayor tributación para el desarrollo con investigación aplicada que dé valor a dichas materias primas y sea más sustentable con el medio ambiente. Algunos lo llaman posdesarrollo; otros, buen vivir.
En el caso de Chile, lo más urgente es la revolución en las pensiones y salud (sistemas únicos solidarios y eficientes con prestadores mixtos), así como la descentralización sustancional y/o modelo federal que devuelva poder a los territorios, los dinamice con cuidado de la biodiveridad y cree en cada región consorcios científicos tecnológicos.
Los pasos de toda transformación
a.- La rebelión:
El repertorio de los movimientos transformadores tiene su escolástica: el malestar se hace manifiesto con explosión de protesta y rabia (de Rosa Park, en los años 60, en el sur esclavista de USA a los jóvenes evasores del transporte en Chile, 2019), hay intelectuales críticos y asociaciones vanguardistas de diverso cuño, explota por escándalos (la megamarcha de No + AFP –sistema privado de pensiones– en Chile fue por las súper pensiones del sistema de uniformados), abuso explícito (alzas desmedidas) y/o caída económica o de las expectativas creadas.
b.- Pacto social:
En las revoluciones cae de manera drástica el grupo de poder y es reemplazado por otro. En las democracias avanzadas el conflicto lleva a grandes pactos “sinceros”. Así se construyó en la historia, con la transformación de las oligarquías y poder absolutos gobernantes, desde la Carta Magna de derechos en Inglaterra el 1215. Si no hay pacto y negociación directa o mediada por actores nacionales o internacionales, crece la violencia imparable.
En Chile la élite capitalina tiene la llave para evitar el baño de sangre, pero como en casi toda América Latina es una oligarquía de supuestos cristianos que evaden impuestos, frenan reformas sociales y se aprovechan de un Estado centralizado en que se mezclan exenciones tributarias, privilegios a uniformados y a altos burócratas, oligopolios y corrupción naturalizada.
De hecho, la Universidad Católica chilena inventó el neoliberalismo y su Escuela de Derecho es la formadora de los principales bufetes de abogados expertos en elusión, evasión y veto tributario –como la Marroquín en Guatemala o los Legionarios de Monterrey en México–. En las antípodas de lo que pide el Papa Francisco, inspirado en el de Asis que vivió hacia el 1200 la rebelión popular contra los privilegiados, entre ellos, su mismo padre que negociaba con los franceses.
Jacques Le Goff, historiador de los Anales, documentó magistralmente el impacto de la rebelión social en San Francisco. Otro histórico burgués, Francisco de Borgia, segundo superior de los jesuitas, optó por la austeridad impactado de joven por la rebelión de los comuneros que, hacia 1520, conmovió a España y obligó a repartir tierras, eliminar privilegios, aceptar fueros de ciudades y reconocer a gremios y artesanos. En la zona catalana y valenciana se llamó las Germanias, hermandades en su etimología alemana.
Allí en Gandía el heredero de la familia de mercaderes, Papas y mecenas, se transformó tras la violencia social y, a la muerte de su esposa, optó por abandonar “los privilegios” y hacerse sacerdote, rechazando ser obispo. Conversión “personal” de los poderosos que, sin embargo, tiene causas estructurales del contexto de abuso y rebeliones, como lo describe magistralmente Víctor Hugo en Los Miserables, con su personaje del austero obispo Myriel, que abandonó su casa para hacerla hospital y alojaba bandidos, después de “sufrir” la Revolución Francesa que expropió bienes a su familia y terminó con sus abusos territoriales.
Los ricos en América Latina hacen gestos a la pobreza, pero escabullen el pago de tributos –promedia un 17 versus 35 del PIB en el caso de la OCDE–, controlan la política y acomodan el sistema en redes de corrupción y cooptación. En el caso de Chile, reconocen los privilegios, como hacia el año 2003 Felipe Lamarca –director de Impuestos Internos de Pinochet y gerente del principal grupo forestal, pesquero y energético Angelini– reconoció que habría estallido social porque el “chancho (cerdo) estaba mal pelado (repartido)”.
En medio de la crisis, el Acuerdo por la Paz generó un camino futuro e incierto de nueva Constitución (se requieren dos tercios para aprobar su articulado), pero Piñera y el llamado Partido del Orden (doble duopolio política-grandes grupos económicos, derecha y segmentos de la centroizquierda) se niegan a transformar en el ahora el modelo a través de una negociación directa que permita el pacto social y territorial que Chile requiere. Es evidente que debe transitar a una carga fiscal que pase del 20 al 30 por ciento del PIB, pero los grandes capitales y sus redes lo siguen impidiendo. Silencio de los Luksic, Matte y Angelini, y la grave ausencia de pacto social multiactor entre los grandes empresarios, Gobierno, Congreso, la Mesa de Unidad Social (sindicatos, estudiantes, jubilados, feministas, ambientalistas) y las organizaciones territoriales (municipios, regiones, indígenas).
c.- Nuevo Orden:
El nuevo orden implica corresponsabilidad de los actores y control social participativo para implementarlo. América Latina es retórica y muchas Constituciones son lírica banal, por lo que se requiere de instituciones fuertes y eficacia en su implementación.
Las empresas públicas en muchos países son saqueadas por mafias de corrupción e ineptitud (Venezuela, México, Brasil) o tienen intereses corporativos desproporcionados, como Codelco en Chile. Incluso ha habido Acuerdos de Paz tras graves conflictos, donde luego sus puntos esenciales siguen no cumplidos, como en el caso de los dos países con más largas guerrillas internas que llegaron a pactos tras ardua ayuda internacional: Guatemala no ha cumplido con elevar su gasto fiscal por el veto empresarial que vive en sus guetos neoliberales y en Colombia la resistencia a la reforma agraria y devolución de tierras puede perpetuar la violencia.
Por eso, algunos recomiendan marcos legales draconianos y no abiertos, en que se establezca en la Constitución la carga fiscal básica, que la corrupción sea un delito grave, exista revocatoria y democracia directa, para que la sociedad que ha salido a las calles no vuelva a ser defraudada.
