Eduardo Arriagada Seguel – Licenciado en Sociología
La producción normativa es la exteriorización y convención política-jurídica que delimita el actuar de las personas dentro de una sociedad, pero su alcance no sólo llega a los individuos, también a las instituciones y en particular a los gobernantes. He aquí donde el proceso constituyente chileno es concluyente, la sociedad chilena decidió iniciar el camino hacia la fijación de los límites en la relación entre ciudadanos y éstos con sus autoridades y viceversa. Esto no quiere decir que antes no hayan existido, esto evidencia que la actual Constitución no responde eficientemente a la realidad actual, no la interpreta.
Actualmente, nos encontramos en un cambio de época, en las postrimerías de la industrialización y comienzo de la era digital. Aquí se encuentran en tensión el antropocentrismo hegemónico con el biocentrismo, donde las personas ya no se sienten por sobre el todo, sino que parte de un todo en igualdad de condiciones, pero resintiendo la falta de ésta.
Aquello nos lleva a un estado de constante incertidumbre que, a su vez, hace que los comportamientos humanos e institucionales se licuen, denotando que estamos inmersos en una sociedad del riesgo, influida por una alta carga emocional e informativa consumida a través de las redes sociales globales.
Los efectos de la globalización económica y comunicacional han llevado a nuestra sociedad a encender las alarmas y ser parte de los cambios, apartándose del statu quo y situándose al frente de la discusión de lo que se quiere construir y proyectar, como país, como sociedad. Todo ello parte desde el descontento, de la indignación y la percepción de desigualdad existente dentro de la comunidad, endosando la responsabilidad de aquello a sus representantes políticos.
La Constitución es la norma jurídica de más alto rango jerárquico de un ordenamiento jurídico, pero más importante aún, es el documento que consagra los lineamientos de convivencia, en la más plena armonía y solidaridad. He aquí la importancia de la participación de la ciudadanía en el actual proceso, qué además de político es social y cultural. Como tal, debe interpretar al amplio espectro social desde sus particularidades, contextos y territorios, aquello dotará de legitimidad este ejercicio democrático.
De este modo, resulta fundamental los esfuerzos hechos en conferir al órgano constituyente características de paridad de género y representación de los pueblos originarios. De igual forma, se espera hagan lo mismo con la representación de los no militantes de partidos políticos y, también, incorporando el sentir y necesidades de los territorios, optando por un Estado descentralizado política, administrativa y socialmente.
