La opción de redactar una nueva constitución por la vía de la Convención Constitucional junto con la mayor participación ciudadana, fueron algunos de los hitos que marcaron el Plebiscito Nacional del 25 de octubre.
Más de 7,5 millones de personas se acercaron a los establecimientos de votación a sufragar, un hecho que rompió la baja participación y marcó el mayor porcentaje de participación desde que se implementó e introdujo el voto voluntario en 2012.
En términos de participación ciudadana y su implicancia en la futura carta magna, la investigadora de CREASUR, Dra. Waleska Muñoz Aravena, comparte que “es clave que en la Constitución se reconozcan el derecho a la participación ciudadana. Luego, eso puede hacerse efectivo mediante leyes propias de la administración regional y local. Se pueden regular esas normas teniendo de sustento la carta magna”.
La profesora destaca que el ciudadano y ciudadana está más comprometido con su rol y con el rol del Estado. “El estado no está para hacer favores, existe gracias a la existencia de los ciudadanos que le aportan con sus recursos a través de su esfuerzo para que este les devuelvo una contraprestación. El ciudadano debe conocer sus derechos, debe participar en las decisiones públicas que le van a afectar que, tradicionalmente el Estado las define y el ciudadano se acostumbró a recibir”, comparte Muñoz.
La especialista en administraciones públicas manifiesta que la ciudadanía está buscando la construcción de la participación para lograr la felicidad, bien común y para eso “en la Constitución debiesen reconocerse tanto la democracia representativa como una democracia participativa. En esto último se podrían reconocer algunos mecanismos de participación”.
Muñoz enfatiza en la nueva Constitución como si ocurre en otras Constituciones, como en Venezuela, debiese incluirse el Referéndum revocatorio. “Como se le encomendó a una autoridad tomar decisiones, pero nosotros, como ciudadanos, nos damos cuenta de que la autoridad no está representando nuestros intereses, deberíamos tener la posibilidad de revocar su mandato”, finaliza.
Felipe Villa Sepúlveda, investigador de CREASUR y egresado de Administración Pública concuerda con lo que expresa Muñoz recalcando que la actual Constitución carece de fundamentos participativos. “No existe “el derecho a participar en los asuntos públicos”. Contar con la consagración del derecho a la participación en los asuntos públicos, sin duda que fortalece la democracia territorial”. Destacando que los plebiscitos tienen dos dificultades a la hora de implementarse, costos económicos y exigencias legales.
Ambos investigadores, junto a al Director del programa, Dr. Esteban Valenzuela Van Treek y la Arquitecta y egresada del magíster en política y gobierno, Claudia Toledo Alarcón, realizaron el artículo Tres Dimensiones de la Democracia Territorial; Directorios Multiactor, consultas vinculantes y empoderamiento social en la Región del BioBío, donde observaron la gobernanza, participación ciudadana territorial y el interés local por diferentes temáticas sociales.
Villa, resalta que en el escrito se extrae que “la gobernanza y la participación ciudadana son fundamentales para abordar problemas públicos que afectan a la comunidad. Los municipios del gran Concepción destacan por llevar a cabo procesos participativos, como se señala los casos de presupuestos participativos y plebiscito en San Pedro de la Paz, consulta ciudadana sobre Barrio Norte en Concepción”.
El 11 de abril, de carácter nacional, se hará la votación para escoger a las y los 155 ciudadanas y ciudadanos que serán parte de la Convención Constitucional redactando la nueva Constitución. El Biobío elegirá a 13, ocho en el Distrito 20 (Gran Concepción) y cinco en el Distrito 21 (Arauco, Biobío y Lota).
