Poder: del individuo al conjunto

Francisco Grandón González, Mg. Comunicación Política

El triunfo del individuo

Uno de los grandes triunfos de la dictadura cívico militar que sufrió Chile desde 1973 a 1990, que ha sido el centro de las críticas durante los años previos al 18 de octubre de 2019 y se ha exacerbado posteriormente, es la incorporación y perpetuación del sistema neoliberal.

La dictadura y el neoliberalismo, en conjunto, acabaron con la concepción de unidad. El primero prohibió el funcionamiento y articulación de los partidos políticos durante ocho años, privando a las personas de la posibilidad de asociarse y actuar en relación a un proyecto común. Mientras que el segundo ahondó en la división y fractura social, fomentando la competitividad y el individualismo en favor de la consecución de los logros económicos y la oportunidad de desplazamiento en la escala social. El poder ciudadano se vio debilitado, perseguido, prohibido y obligado a permanecer en el ostracismo.

Derrocada la dictadura, con el sistema neoliberal ya implantado en lo profundo de la sociedad chilena, los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil tuvieron por necesidad, tras el oscurantismo dictatorial, volver a construirse y posicionarse como opciones válidas de liderazgo con la ciudadanía. Era necesario construir y consolidar nuevas instituciones de poder. Lo consiguieron, al menos pero unos años.

Un golpe de realidad

Tras más de treinta años, el poder tradicional, comprendido como el dominio de alguien por sobre el otro, fue trastocado, y los partidos políticos y sus élites se vieron profundamente afectadas por este significativo cambio. La desigualdad social, observada desde la perspectiva del clivaje élite y ciudadanía, se hizo insostenible, rompiendo paradigmas tradicionales que habían sido perpetuados durante la dictadura y el sistema neoliberal impuesto.

Los conceptos como competencia e individualismo, que habían primado por sobre la empatía y la unidad, fueron sustituidos por estos últimos tras los hechos acontecidos el 18-O. Los partidos políticos tradicionales, que se amparaban bajo la concepción tradicional de poder, fueron despojados de aquellos pilares (ya bastante deteriorados) que los cimentaban y validaban. Detrás de las ilusiones que los sustentaban no había mucho, la unidad y la acción conjunta se había desvanecido (el reciente proceso de refichaje da cuenta de ello). El velo no les permitió ver más allá de lo que la vista le permitía observar. La realidad los golpeó sin ellos entender por completo lo que ocurría.

Resignificación del poder en la sociedad chilena

El despertar social de octubre de 2019 no viene mas que a confirmar la necesidad de establecer nuevas lógicas bajo las cuales se debe comprender el poder. Se hace imperativo establecer marcos sociales y políticos que permitan prosperar los proyectos que prioricen lo colectivo por sobre lo individual. Los liderazgos mesiánicos, que parecen tan vigentes, trastabillan y se ven trastocados bajo la construcción de un poder social unificado que, en conjunto, es capaz de construir liderazgos en relación a los intereses mutuos  de quienes se movilizan. La construcción del poder debe encaminarse hacia la consolidación de lo mutuo, de la cooperatividad y de los intereses colectivos por sobre los individuales.

Si las organizaciones políticas (no solo los partidos) son capaces de ser entes articuladores de esta noción de poder enfocada en la vinculación y en el accionar de esta entidad cohesionada, podemos ser espectadores y artífices del fin de algunas de las principales concepciones que fueron talladas a fuego en la sociedad chilena post dictadura. El poder de los partidos y organizaciones sustentadas bajo personalismos debe ser reemplazado por la construcción de proyectos mancomunados.

Llevando una minúscula parte de lo escrito por Hannah Arendt al actual contexto chileno: el poder surgió ahí donde los secundarios se juntaron y actuaron concertadamente, propiciando un conjunto de acciones que ha llevado a toda la ciudadanía a unirse en torno a un objetivo común; una nueva Constitución.

El desafío de todos quienes fueron capaces de articularse y unirse está ahora en la capacidad para encontrar elementos que permitan mantener este pensamiento colectivo y materializarlo, construir bases sociales que posibiliten la continuación del poder frente a los diferentes escenarios que el futuro presente a esta pluralidad unificada que se ha concretado. Tendremos que decidir entre todos el tipo de poder que deseamos perpetuar; poder o poder.

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El centralismo ya no es la fórmula

María José Benavente Bargetto, administradora pública, magíster en política y gobierno.

En una sociedad con valores democráticos, tanto los líderes políticos como la ciudadanía y sus grupos organizados, deberían replantearse día a día la prudencia respecto de la organización del poder. En Chile ese cuestionamiento se ha dado con fuerza y con múltiples iniciativas que exigen un cambio que responda a los nuevos desafíos.

Un país que emprenda un camino descentralizador se espera con ansias. Las leyes 21.073 y 21.074 han salido adelante, pero con respaldo titubeante y tardío por el gobierno, por razones que no miran más allá del inmediatismo, los intereses personales y una cultura de discriminación arbitraria a la capacidad regional y su capital humano.

El centralismo es un pilar fuerte en el que se sustenta la reproducción de las desigualdades territoriales, cuya justificación se centra en el mejor camino para la estabilidad y el crecimiento.  Argumentos que han sido estirados hasta cortarse, dando como resultado una fuerte fractura social con serios cuestionamientos a la institucionalidad vigente y altísimos índices de desconfianza a esos mismos políticos que pregonan insistentemente en estos discursos conservadores.

Actualmente los consensos están puestos en velar por la integralidad de los territorios, donde las decisiones políticas no sean fragmentadas y desconectadas con la realidad local y regional, donde las instancias del diálogo sean el principal camino para tener visiones holísticas de desarrollo, que produzcan efectos inclusivos y equilibrados entre las regiones y en la mejora de la calidad de vida de las personas.

La centralización es útil siempre y cuando se desligue del autoritarismo y la soberbia. El centralismo debe tener un enfoque centrado en el liderazgo, la facilitación del diálogo y en iniciativas de colaboración que acompañen a los territorios para que estos construyan una visión esperanzadora de desarrollo inclusivo que beneficie a sus habitantes. El gobierno central debe hacer conversar a los territorios y no imponerse sobre ellos.

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Proceso social constituyente

Eduardo Arriagada Seguel – Licenciado en Sociología

La producción normativa es la exteriorización y convención política-jurídica que delimita el actuar de las personas dentro de una sociedad, pero su alcance no sólo llega a los individuos, también a las instituciones y en particular a los gobernantes. He aquí donde el proceso constituyente chileno es concluyente, la sociedad chilena decidió iniciar el camino hacia la fijación de los límites en la relación entre ciudadanos y éstos con sus autoridades y viceversa. Esto no quiere decir que antes no hayan existido, esto evidencia que la actual Constitución no responde eficientemente a la realidad actual, no la interpreta.

Actualmente, nos encontramos en un cambio de época, en las postrimerías de la industrialización y comienzo de la era digital. Aquí se encuentran en tensión el antropocentrismo hegemónico con el biocentrismo, donde las personas ya no se sienten por sobre el todo, sino que parte de un todo en igualdad de condiciones, pero resintiendo la falta de ésta.

Aquello nos lleva a un estado de constante incertidumbre que, a su vez, hace que los comportamientos humanos e institucionales se licuen, denotando que estamos inmersos en una sociedad del riesgo, influida por una alta carga emocional e informativa consumida a través de las redes sociales globales.

Los efectos de la globalización económica y comunicacional han llevado a nuestra sociedad a encender las alarmas y ser parte de los cambios, apartándose del statu quo y situándose al frente de la discusión de lo que se quiere construir y proyectar, como país, como sociedad. Todo ello parte desde el descontento, de la indignación y la percepción de desigualdad existente dentro de la comunidad, endosando la responsabilidad de aquello a sus representantes políticos.

La Constitución es la norma jurídica de más alto rango jerárquico de un ordenamiento jurídico, pero más importante aún, es el documento que consagra los lineamientos de convivencia, en la más plena armonía y solidaridad. He aquí la importancia de la participación de la ciudadanía en el actual proceso, qué además de político es social y cultural. Como tal, debe interpretar al amplio espectro social desde sus particularidades, contextos y territorios, aquello dotará de legitimidad este ejercicio democrático.

De este modo, resulta fundamental los esfuerzos hechos en conferir al órgano constituyente características de paridad de género y representación de los pueblos originarios. De igual forma, se espera hagan lo mismo con la representación de los no militantes de partidos políticos y, también, incorporando el sentir y necesidades de los territorios, optando por un Estado descentralizado política, administrativa y socialmente.

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La oportunidad municipal y regional en el proceso constituyente

Columna Cristian Quiroz Reyes, Administrador Público y Cientista Político

No sabemos cuándo terminará la pandemia, pero si sabemos que nuestra sociedad y territorios serán distintos. En efecto, la pobreza, el desempleo y la desigualdad marcarán los próximos años y representarán un exigente desafío en la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas, esto considerando variables que a veces se obvian, como por ejemplo: el ámbito territorial, relevando lo subnacional (comunal, provincial o regional); la gobernanza multiactor, entendiendo las multiciplicidad de actores políticos e instituciones públicas, privadas productivas, universidades y organizaciones sociales que deben participar y pactar para el desarrollo sustentable y el crecimiento justo; la internacionalización, donde la globalización demanda una activa colaboración también local y no sólo el enfoque central tradicional; el gobierno abierto y la transparencia, con información relevante accesible, mejorando precisamente el acceso remoto y la conectividad, particularmente tras las lecciones que la pandemia nos ha dejado.

La gestión pública durante el estallido social y luego en el contexto de Covid-19 mostró en ocasiones una desconexión entre los intereses comunales expresados por los alcaldes y alcaldesas y la priorización y toma de decisiones del nivel central. En ese proceso los intendentes, de acuerdo al actual mandato legal, no pudieron asumir la representación y por tanto el liderazgo del territorio (con las exepciones de Bio Bio y Magallanes) debilitándose su rol, aún más con los recortes presupuestarios de que fueron objeto recientemente los gobiernos regionales.

Durante la pandemia, la postura del gobierno frente a las acciones de las autoridades locales ha tenido un carácter confrontacional y de resistencia a la colaboración, produciendo un desgaste en un ambiente que requiere de cooperación para superar esta crisis. Es por ello que la próxima elección municipal y, especialmente la elección de gobernadores/as regionales generan una oportunidad para una relación más colaborativa y efectiva, aun más en el contexto de cambio constitucional.

En efecto, el proceso constituyente en marcha es un espacio propicio para la innovación político-administrativa de la descentralización, entendida como un proceso que debe considerar los intereses territoriales. En este sentido, además de la apertura a rentas regionales y a autonomías presupuestarias para los gobiernos regionales, será necesaria la generación de instancias formales y legales de coordinación entre el Gobernador Regional y el Delegado Presidencial, que involucren al gabinete regional, esto es el trabajo coordinado con los secretarios regionales ministeriales y directores regionales de servicios públicos. En este plano, el liderazgo y experiencia de quienes asuman como gobernadores regionales será fundamental, como así también la disposición del Estado central para contribuir efectivamente con el proceso descentralizador.

La colaboración y cooperación entre ambas autoridades, Gobernador y Delegado, incorporando en esta relación formal a los alcaldes y ministerios, será clave y virtuosa como contraposición a una relación de entorpecimiento de la gestión de uno u otro.

Este proceso tiene una oportunidad adicional para las comunidades regionales y una responsabilidad legal para las candidatas y candidatos: la obligación de proponer un programa de trabajo que de sustento a una mirada de futuro. En ese desafío las universidades con vocación pública y compromiso regional están preparadas para apoyar técnicamente este mandato, para que la descentralización efectiva pueda contribuir también en el nuevo pacto político y social que se expresará en la próxima Constitución.

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“El momento de las regiones”

Columna de Karin Castro Sepúlveda, Administradora pública e investigadora de Creasur

En tiempos de debate sobre qué puntos cambiar y cómo de nuestra Constitución, no se debe olvidar un cambio hacia la descentralización política, administrativa y fiscal del Estado chileno.

Las regiones han sido desplazadas de muchas tomas de decisiones que vienen dirigidas desde un poder central que no comprende la diversidad territorial ni sus necesidades específicas. El estallido social y la pandemia por COVID-19 han vuelto a dejar en evidencia la urgencia de otorgar mayor poder a nivel subnacional.

Sin duda la elección de los/as Gobernadores/as Regionales, enmarcada en la Ley N°21.073 del año 2018 es un hito histórico en la esfera política, que fortalece la democracia regional y que, a pesar de los esfuerzos por aplazar su elección, finalmente se llevará a cabo en abril de 2021.

Sin embargo, no todo es “color de rosa”, el proceso de descentralización no es sólo político, los/as gobernadores/as regionales asumirán con entusiasmo y respaldo de sus votantes con el anhelo de potenciar la región, pero… ¿las atribuciones y competencias serán las mismas?

En un intento por descentralizar en la esfera administrativa, se crea la Ley N° 21.074 de 2018 que entre otras materias destaca el traspaso de competencias a los Gobiernos Regionales.

Dicha ley se caracteriza por: la flexibilidad al atender las necesidades requeridas de cada región, el tiempo en que pudieran necesitar las competencias, y por poseer un sistema bidireccional en que la competencia puede ser planteada desde el nivel central al nivel regional o viceversa.

No obstante, aun así, posee un perfil presidencialista y centralista, puesto que durante el proceso de transferencia de competencias a los Gobiernos Regionales existen diversas limitantes para transferir el poder, como es que la decisión final la posee el Presidente o Presidenta de la República, el cual puede condicionar la entrega de competencias. Además, que el Comité para recomendar la transferencia al Presidente de la República este compuesto por Ministros/as, hace viciar el proceso de transferencia de competencias y seguir dejando a la voluntad del nivel central la iniciativa de descentralizar.

Por otra parte, estas competencias consideran la disponibilidad de recursos económicos y de personal necesario, que lleva a la otra esfera de descentralización, la fiscal, en donde se necesita urgentemente una Ley de Rentas Regionales sin nudos críticos para el desarrollo equitativo de las regiones.

El contexto que estamos viviendo ofrece una gran oportunidad para debatir una mejora en la Constitución sobre un modelo de traspaso de competencias efectivo, dentro de un proceso de descentralización integrado de las tres esferas, donde se fortalezca realmente a las regiones para que el lugar en el que vivimos no defina nuestra estructura de oportunidades.

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Gobernadores Regionales: ¡Llegó la hora!

Columna de Armando Cartes Montory, publicada en Diario de Concepción, 28 de septiembre de 2020.

Es necesario contar con autoridades regionales comprometidas y legitimadas popularmente. Con gobernadores dotados de capacidad de negociación, las regiones podrán desarrollar su potencial, generando acuerdos interregionales y proyectándose internacionalmente.

El 30 de septiembre vence el plazo de inscripción de candidaturas para las primarias para la elección de Gobernadores Regionales. Parece que, finalmente, después de varios intentos fallidos de postergarlas, podremos elegir a la primera autoridad regional. Se cumple con ello una promesa pendiente desde el regreso a la democracia. Se abrirá, así, un nuevo ciclo político en Chile, de autoridades regionales electas, a la vez que concluye una larga tradición de intendencias, que se habrá extendido por 234 años.

En América colonial, las intendencias surgieron como un mecanismo para controlar los territorios y centralizar el gobierno en la monarquía. Fueron parte de una gran reforma modernizadora, que tuvo también efectos inesperados. Contribuyeron a desarrollar las provincias y catalizar una cierta identidad política, que luego fue relevante a la hora de las independencias. No fueron personajes menores. Baste recordar que el primer intendente de Concepción fue el irlandés Ambrosio O’Higgins, luego, Gobernador de Chile y que alcanzaría la alta dignidad de Virrey del Perú. Su hijo Bernardo fue también intendente de esa provincia sureña, en las postrimerías de la Patria Vieja.

Durante la Independencia, las intendencias fueron modificadas e intervenidas, en un intento de concentrar el poder por las diversas Juntas gubernativas y las autoridades centrales. Fue una ley de julio de 1826, de las llamadas leyes federales, la que estableció –fugazmente- la elección popular de los intendentes. La Carta de 1833 suprimiría la posibilidad de este ejercicio democrático, definiendo al intendente como un funcionario de exclusiva confianza del presidente, su representante natural y directo; definición que ha llegado hasta el presente y que, curiosamente, no desaparecerá. Es similar a las expresiones que la ley emplea para definir al Delegado Presidencial: “Será el representante natural e inmediato, en el territorio de su jurisdicción, del presidente de la república y será nombrado y removido libremente por él”.

Son las escasas atribuciones y recursos financieros de que dispondrán los Gobernadores Regionales, en contraste con las facultades administrativas que retendrá el Delegado, uno de los factores de mayor duda en la nueva organización político administrativa territorial que pretende implementarse. Hay una zona gris que traerá indudables dificultades, que intentan prevenirse con una posible “ley corta”. Es la razón que algunos han esgrimido para justificar una nueva postergación de la elección de autoridades regionales.

La crisis que se gatilló en octubre pasado y que nos acompañará, seguramente, por varios años, plantea nuevos desafíos. La elección simultánea de gobernadores y constituyentes amenaza con confundir aún más a una ciudadanía ya demasiado (des)informada. Una nueva dispersión del poder puede ser vista como una amenaza, por un Ejecutivo debilitado. En fin, son muchas las posibilidades que surgen en el cambiante escenario al que asistimos.

Con todas las dudas y vacilaciones, igual me parece que es necesario avanzar. Ya pasó la hora de los diagnósticos y la búsqueda de leyes “perfectas”. Estas sólo pueden surgir de la experiencia y las prácticas políticas. Es necesario contar con autoridades regionales comprometidas y legitimadas popularmente. Con gobernadores dotados de capacidad de negociación, las regiones podrán desarrollar su potencial, generando acuerdos interregionales y proyectándose internacionalmente. Es un camino sinuoso el que debemos transitar, pero necesario; pues sólo con autonomía y equidad territorial Chile podrá alcanzar un desarrollo sostenible y socialmente equilibrado.

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A esta hora se improvisa

Gonzalo Bacigalupe, Profesor U. de Massachusetts Boston – Investigador Asociado CreaSur, U. de Concepción.

Publicado en El Mercurio, 20 de agosto de 2020.

“El desconfinamiento requiere recuperar la credibilidad, confianza y la participación ciudadana”.

Gran parte del país pronosticó que el virus tendría una vida relativamente breve. Que remecería al país como lo hacen los terremotos y temblores. Ni el gobierno ni el resto de la élite político-económica se prepararon para prevenir y mitigar el impacto. Una catástrofe derivada de un virus, capaz de alterar tan profundamente el curso de nuestras vidas, no estaba presente en el discurso o en la institucionalidad. 

Para los salubristas, y los que estudiamos la gobernanza del riesgo de desastres, el destructivo impacto de la pandemia nos parece el lógico resultado de nuestra falta de preparación y frágil resiliencia frente a una amenaza sepultada en libros de historia de Chile del siglo pasado. No construimos cimientos profundos para la pandemia, como sí lo hicimos al construir infraestructura resistente a los movimientos telúricos.

El gobierno, desde un principio, asumió el virus como un desafío puramente hospitalario y una carrera por reforzar la capacidad para asistir a la mayor cantidad de personas contagiadas.Pero la estrategia más utilizada durante toda la pandemia ha sido la improvisación. Incluso ahora, el plan de desconfinamiento a todas luces es improvisado, riesgoso y poco cauteloso.

Hace tres meses, cuando propuse partir de cero para evitar la catástrofe, y muchos científicos y expertos ofrecían soluciones que apuntaban a romper con la cadena de contagio (con énfasis en la prevención y mitigación), la reacción del gobierno fue de un rechazo defensivo. Dos semanas más tarde, el ministro de Salud renunció. El gobierno, sin embargo, no ha cambiado a una estrategia que apunte a un radical corte de los contagios diarios. 

Las personas están exhaustas en un confinamiento que no ha sido efectivo, a pesar del gran costo económico, social, emocional y familiar que tiene. No se puede seguir improvisando. Tampoco se puede gestionar del modo hermético y autoritario la pandemia, donde la ciudadanía es foco siempre de una fiscalización más dura.

El desconfinamiento requiere recuperar la credibilidad, confianza y la participación ciudadana. Es esencial la colaboración de las comunidades y los territorios en el diseño, implementación y evaluación de las medidas. Para ello se requiere empoderar y coordinar a los gobiernos locales. 

Si no somos capaces de modificar la estrategia, el gobierno está generando las condiciones para tener que decidir si el proceso constituyente necesita ser aplazado otra vez. La improvisación seguirá enfermando, matando y reconfinando a las personas. La herida que eso produce no se resuelve con más respiradores. La ciudadanía se merece mucho más que decisiones tomadas para unos días o un par de semanas. Estamos en un momento crítico y necesitamos un plebiscito seguro, aun cuando la pandemia no esté completamente controlada. Hace tres meses llamé a pensar en la primavera.

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El aporte de los gobernadores regionales

Cristian Quiroz Reyes (Creasur -UdeC) publicado en diario La Discusión, 14 de julio de 2020.

Vivimos tiempos complejos en donde el sentido de urgencia posterga el análisis de otros también importantes y estratégicos temas, no obstante tienen relación directa. En efecto, el estallido social de octubre fue un reclamo masivo de una ciudadanía que se revelaba frente a un conjunto de abusos e inequidades, las que ciertamente tienen una expresión territorial: la profunda desigualdad entre los recursos disponibles, acceso a servicios, tecnologías, inversión pública, estándares de salud y educación entre la región metropolitana y el resto del país, por cuanto las decisiones estratégicas, la asignación de recursos públicos y hasta los tributos privados relevantes se concentran en dicha región, en desmedro de las otras regiones.

La pandemia confirmó lo desigual de nuestro país y también el centralista diseño institucional para responder a la crisis sanitaria. El ímpetu de alcaldes, alcaldesas, concejos y municipalidades lideradas por el más amplio espectro político se encontró con la negativa recurrente del gobierno central para incorporar la mirada local en la gestión de medidas preventivas. Pese a la legitimidad de los actores y la pertinencia de las propuestas, el Ministerio de Salud cerró las puertas por meses a la colaboración de municipios que tenían la claridad, disposición y la capacidad para aportar tanto desde la atención primaria de salud, como con la logística y redes para apoyar en el control de cuarentenas, distribución de ayudas sanitarias y sociales, entre otros, incluso cuestionándose el respaldo jurídico municipal para actuar, pese a la existencia de múltiples atribuciones compartidas entre éstas y los servicios públicos dependientes del Estado central debidamente reguladas, como precisamente en el ámbito de la salud, entre otros.

Lamentablemente en este contexto las municipalidades no pudieron encontrar aliados en las intendencias, pues éstas responden subordinadamente al gobierno de turno y no a la comunidad regional y local. En este espacio se abre una oportunidad significativa en la separación de funciones entre los futuros delegados/as presidenciales y quienes resulten electos gobernador/a regional. Efectivamente estas autoridades representarán un paso sustantivo en el fortalecimiento de las regiones, pese a las limitadas competencias iniciales y a no contar con financiamiento tal como rentas regionales, la nueva institucionalidad es un avance para responder con políticas específicas a realidades diversas, en contraste con la acción central homogénea que invisibiliza las particularidades regionales y locales.

En este sentido cabe preguntarse ¿cuáles hubiesen sido las prioridades, decisiones, oportunidad y la acción regional frente al gobierno central y ante las municipalidades en un contexto de pandemia u otro tipo de crisis si la máxima autoridad de una región no fuese un cargo de confianza, sino que ese liderazgo ya hubiese sido asumido por un/a representante de la propia ciudadanía?.

Las y los futuros gobernadores regionales tendrán la obligación legal de presentar una propuesta programática, comprometiendo esfuerzos, creatividad e innovación para contribuir con eficiencia, pero también con mayor pertenencia y legitimidad a la búsqueda de respuestas para las complejas demandas de desarrollo y crecimiento que expresa la comunidad y a las que el modelo centralista que concentra las decisiones y recursos no ha podido responder.

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Cómo hacer campañas electorales en medio de una pandemia.

Efecto del coronavirus en las campañas electorales

Por Francisco Grandón González, Magister en Comunicación Estratégica y asesor en campañas electorales y comunicación política

Las campañas electorales tradicionales suelen y deben estar enfocadas en el contacto directo con la ciudadanía, esto le asegurará a cada candidatura una recordación destacable en el elector respecto de sus adversarios, además de mejorar la percepción entre los votantes. Que los candidatos recorran las calles de la comuna, provincia, región o país en los que presentarán su candidatura, realizando diferentes tácticas asociadas a una interacción cara a cara (realización de puerta a puerta, visibilidad en lugares públicos abarrotados de simpatizantes, entre otras), puede garantizar una mayor adhesión el día de las votaciones. Estas maniobras tienen por objetivo generar una mayor memorabilidad, una asociación positiva del candidato o candidata en la mente del elector, sobretodo en aquellos indecisos que aún no tienen (o tenían) claro por quién votarán.

La llegada del Covid-19 supone un golpe al tablero de ajedrez, un cambio trascendental en la manera que se realizaban las campañas electorales hasta el día de hoy, obligando a una reinvención de los modos en que las candidaturas generan relaciones. Las medidas de distanciamiento social, las cuarentenas, el evitar el contacto directo, entre otras medidas preventivas de contagio, impacta fuertemente en las acciones tradicionales de campaña.

El impacto de la pandemia en la forma de hacer campañas y sus resultados puede ser aún mayor si consideramos el nutrido calendario electoral que se aproxima en nuestro país. Tomando en cuenta lo visto hasta la fecha, y de acuerdo a lo planteado por Ciper [1], en el mundo, hasta el 01 de julio se habían realizado el 55% de las elecciones que se deberían haber llevado a cabo durante los primeros seis meses de 2020, siendo el resto postergadas.

ElecciónFecha
Plebiscito Constitucional25 de octubre de 2020
Primarias municipales y gobernadores regionales29 de noviembre de 2020
Elecciones municipales, gobernadores regionales y constituyentes11 de abril de 2021
Segunda vuelta elección de gobernadores02 de mayo de 2021
Primarias presidenciales y parlamentariasjulio de 2021
Elecciones presidenciales, parlamentarias y consejeros regionales21 de noviembre de 2021
Segunda vuelta elecciones presidenciales19 de diciembre de 2021

Si tomamos en cuenta algunas de las elecciones ya realizadas, estas pueden tener resultados variables entre los que influye directamente la gestión de la pandemia, escenario sociopolítico y el abstencionismo. En Irán, por ejemplo, se registró una disminución de la cantidad de personas que se dirigieron a votar en las elecciones legislativas (28 de febrero), presentándose una abstención cercana al 60%[2], viéndose reforzada por la actual crisis del coronavirus y conflictos políticos internos. Serbia fue otro de los países en los que se realizaron elecciones legislativas (21 de junio), en medio de un ambiente socio-político convulsionado pero con una buena evaluación del manejo de la pandemia[3]. Aún así, se registró una alta abstención con buenos réditos en las urnas para el actual presidente. En Francia, en cambio, con un conflicto social reciente, además de una evaluación negativa del presidente Emmanuel Macron respecto a su conducción relativa al coronavirus, provocó una baja participación en las elecciones municipales francesas (28 de junio), además de una notable baja en apoyo al actual mandatario[4].

En todas las elecciones mencionadas se redujo el contacto directo, algunas de las candidaturas se vieron en la obligación de suspender mítines o actos que involucraran grandes aglomeraciones. Tuvieron que reinventarse y salir adelante en medio de una pandemia que afecta, como ya mencionamos, fuertemente la manera en la que se están desarrollando las campañas electorales.

Reinventando la manera de hacer campañas electorales

Las campañas están cambiando, y lo primero que se ha visto mermado es la posibilidad de los candidatos y candidatas de recorrer las calles y estrechar las manos a sus probables electores. Las tácticas se han tenido que adaptar a medida que la pandemia se ha ido recrudeciendo. El dominio de acciones offline ha tenido que ceder paso a las acciones online. Los canales digitales cobran mayor relevancia hoy en día que hace unos meses atrás. Como se mencionaba en un principio, no hay nada que genere mayor reconocimiento, memorabilidad y mejor percepción que ver al candidato frente a frente; eso, hoy en día, se hace muy complejo.

Es una prueba de fuego para la relevancia de los medios digitales como factor de tracción electoral y movilidad electoral, pero lo es aún más para los equipos de campaña y su capacidad creativa de generar contenidos que movilicen a su voto duro y a electores indecisos a votar por su candidato. Hoy se hace imposible no realizar campañas sin medios digitales.

Las diferentes aplicaciones y programas para realizar video llamadas han tenido un fuerte auge gracias a la pandemia, la utilización de estas herramientas para crear contenidos que sean relevantes a su público de interés puede ser fundamental para generar una mayor atracción. Es el momento del transmedia, determinar qué soporte de campaña se utilizará y cómo el o los conceptos de cada una de las candidaturas se modifica de acuerdo a los diferentes soportes (online y offline) de manera de generar un relato coherente. Será trascendental para lograr dar con el objetivo determinado.

Todo lo que se haga en redes sociales y otros canales online genera un rastro, va dejando migajas en el camino. El aprovechar estos datos que quedan (y desarrollar herramientas que permitan su recolección) permitirá enfocar de mejor manera los mensajes y las diferentes acciones que se hayan definido. En campañas online lo fundamental está en medir todo, monitorear todo; analizar e interpretar. Esto da paso a la posibilidad de generar acciones mejor segmentadas, con contenidos más enfocados en cada uno de los públicos de interés definidos. Es decir, mensajes efectivos hechos a la medida de cada elector.

Si los equipos de campaña deciden salir a la calle y realizar algunas acciones tradicionales, como puerta a puerta, mítines u otros, es muy importante que todo lo que hagan sea bajo los marcos que el contexto establece. El merchandising no será el mismo y el contenido generado tras estas salidas debe ser ejemplar, cumpliendo con el respeto de todas las normas sanitarias exigidas.

El proceso estratégico lo es todo.

Ninguna de las acciones mencionadas (solo son algunos ejemplos) puede ver la luz si no formaron parte de un proceso de planificación estratégica de la campaña. Es este el que le dará el soporte necesario a todo lo que se vaya a ejecutar durante el proceso eleccionario. Sin el proceso de planificación, no se logrará ninguno de los objetivos planteados.

Conocer el terreno en el que se llevará a cabo la elección permitirá plantear una estrategia consistente. Los estudios de opinión pública y del contexto son la piedra angular de toda planificación. El análisis e interpretación de estos permitirá una mejor ejecución (en un plan estratégico). También proporcionará elementos para desarrollar las otras etapas del proceso estratégico que están insertas dentro del plan, definición del candidato y sus adversarios, contrastes, marcos temáticos en los que se centrará la campaña, conceptos principales, públicos de interés, propuestas, relato y elementos discursivos, entre otros.

La implementación del proceso de planificación estratégica brindará la posibilidad de conocer todos los factores decisivos en la campaña, con ella se estará ya a medio camino de la consecución de los objetivos que cada candidatura se haya planteado. La estrategia sustentará las tácticas que se lleven a cabo. Sin una estrategia definida, estas son acciones sin una guía que les permita direccionar su actuar. Tal como un cuerpo sin una cabeza que lo dirija. Las campañas electorales en tiempos de coronavirus necesitan la implementación de acciones de campañas innovadoras y atractivas, pero más aún, necesitan de estrategias que permitan definir mejor cómo estas se ejecutarán y desarrollarán.


[1] https://ciperchile.cl/2020/07/04/covid-19-y-elecciones-en-el-mundo-lecciones-para-chile/

https://www.elmundo.es/internacional/2020/02/23/5e528d5a21efa023358b45ac.html

[3] https://www.rfi.fr/es/europa/20200621-serbia-primeras-elecciones-legislativas-post-covid-19-boicoteadas-por-la-oposición

[4] https://www.france24.com/es/20200629-elecciones-municipales-verdes-macron-francia

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Sobre la reelección indefinida de las autoridades…

María José Benavente, investigadora Creasur. Publicada en El Mostrador, 03 de junio de 2020

No existe fórmula perfecta que avale un sistema electoral por sobre otro en democracia. Todos, con defectos y virtudes, deben someterse al clima político reinante de la sociedad y, por sobre todo, a los deseos de la ciudadanía.
Como no habituamos en nuestro país aplicar un sistema de participación ciudadana que contribuya al debate nacional y parlamentario, nos queda preguntarnos entonces: ¿cómo podemos refutar a algunas figuras políticas que hablan sobre las dificultades de la limitación parlamentaria?

Pues, si bien es cierto que unas de las consecuencias negativas de la rotación parlamentaria podría ser, por ejemplo, aumentar el nepotismo, es decir, que las redes de poder intenten sobrevivir pese a que la reelección no esté permitida, o producir un detrimento en la calidad legislativa por una intermitencia en el trabajo parlamentario, esto, sostengo, no alcanza para justificar la reelección indefinida de la cual gozan nuestras autoridades elegidas popularmente.

¿Es legítimo incluir una norma en el actual proyecto de ley que especifique que el actual proyecto no rija a los parlamentarios en ejercicio? Esto podría ocurrir en Comisión Mixta, pero sería un error gigantesco y una falta de ética grotesca por parte de los parlamentarios, sobre todo si la aprobación del Congreso, según la opinión pública, no alcanza en algunas ocasiones a superar el 3% de confianza.

Hablemos de las bondades de la reelección indefinida, del trabajo legislativo y de la libertad de la ciudadanía para elegir a sus parlamentarios cuantas veces quieran, pero en un contexto de legitimidad política y no en el clima actual, con una ingobernabilidad latente y un descontento social que ya nadie con un mínimo de sentido común podría refutar.

Las esperanzas deben estar puestas en el tercer trámite legislativo y esperar que en la Comisión Mixta no se adhiera ninguna norma específica de excepción que establezca de manera clara una aplicación diferida en el tiempo de esta ley. Esperemos que los parlamentarios no intenten volver a buscar los ajustes para defender sus intereses, tal como lo han hecho con la dieta.

Una vez aprobado el proyecto de ley con las modificaciones que recientemente ha hecho el Senado y sin norma específica que establezca que se aplicará de forma diferente a los parlamentarios en ejercicio, ninguno de los senadores que tengan cumplida más de una reelección y los diputados, alcaldes y concejales que tengan más de dos reelecciones, podrían volver a postular el año 2021 y 2022.

Se podría apelar en un futuro, de cara a la posibilidad de una nueva Constitución, incluir mecanismos de participación ciudadana, donde cada persona pueda manifestar su opinión y decidir al respecto, sobre todo en las instancias en que los parlamentarios deben legislar para ellos mismos.

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